El cambio necesario

Open Especial Elecciones: artículo escrito por Mireia Peiró
El pasado viernes 13 de noviembre inició oficialmente la campaña electoral para los comicios convocados el 29 de noviembre. Elecciones marcadas por una gran tensión política que deja al electorado en varias ocasiones en duda sobre qué papeleta es la más adecuada para solucionar la cantidad de problemas que la sociedad española padece. Cada partido, en sus programas electorales, ha buscado posibles soluciones para resolverlos en caso de que ganara las elecciones. Por ello, durante esta semana explicaremos los puntos clave que cada partido político ha querido incluir en su programa electoral.
El Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, frente al desgaste acumulado en los elementos que sostienen el país — donde el Estado ha perdido capacidad, la democracia ha sufrido tensiones institucionales y la Nación se ha visto debilitada por la confrontación —, plantea un proyecto de cambio de rumbo de legislatura. Articula su programa como una respuesta “a los últimos ocho años” de desgaste institucional, planteando un proyecto de Estado anclado a la Constitución de 1978, la monarquía parlamentaria, el Estado de las Autonomías y los valores europeos, puntos muy marcados durante la historia del partido.
El Partido Popular se sitúa tradicionalmente en el espectro político del centroderecha y la derecha en España. Los puntos que los definen mejor son la economía de mercado, la fiscalidad baja, el orden, la seguridad y firmeza penal; la defensa de la unidad nacional y el modelo constitucional. También defienden los valores tradicionales y la protección de las familias y reivindican los símbolos del Estado, las tradiciones populares y una visión soberanista y atlantista en la política exterior.

El programa no busca administrar las limitaciones de los ciudadanos, sino sentar las bases para devolver la ambición a la sociedad española a través de cuatro ejes vertebradores : reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir la Nación y recuperar la autoestima económica y social.
En relación con las medidas económicas, quieren marcar el fin de la resignación fiscal e impulsar la productividad. En políticas de vivienda y empleo, se proyecta la construcción de viviendas mediante la movilización pública y privada, la derogación de la Ley de Vivienda, la eliminación de las zonas de un millón de vi de suelo público actual, produciendo tensiones, y un procedimiento de expulsión de los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Para los autónomos, se establece una cuota de cero para el primer año y la exención de declarar el IVA para facturaciones inferiores a 85.000 euros. Pretenden, además, reducir el IRPF para rentas medias y bajas y los jóvenes (con la exención total del primer año), una deflactación del impuesto frente a la inflación y la aplicación del IVA al 0% para los alimentos básicos mientras persista la crisis inflacionaria. En materia de pensiones, buscan la reconstrucción del Pacto de Toledo para garantizar por ley que las pensiones se revaloricen conforme al IPC cada año.
El paquete económico destaca por su contundencia fiscal, buscando aliviar de forma directa el consumo diario de las familias y blindar el ahorro frente al impacto acumulado de la inflación en las rentas del trabajo.
En materia de sanidad y educación buscan la calidad asistencial y la excelencia en las aulas. Impulsarán un Pacto de Estado por la Sanidad con las CCAA, un plan de choque urgente para reducir las listas de espera y la incorporación de al menos 4.500 nuevos médicos de Atención Primaria. En educación, quieren mejorar el resultado de las pruebas PISA en España, la sustitución de la LOMLOE por un marco educativo enfocado a la exigencia, la implantación de las Pruebas de Acceso a la Universidad comunes en todo el territorio nacional y la garantía total del derecho a recibir enseñanza en castellano.
El foco se desplaza hacia la equidad territorial en el ámbito educativo y sanitario, intentando frenar las disparidades autonómicas mediante la fijación de estándares comunes y exigibles de calidad.
En las políticas sociales, quieren crear redes de apoyo a las familias y el blindaje de la dependencia. Como ya está implantado en algunas autonomías en las que gobiernas, el Partido Popular promete la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la unificación de deducciones familiares en un único abono mensual, y un control riguroso que prohíbe el acceso a los menores de 14 años a las redes sociales. Impulsarán además un Pacto de Estado por la Dependencia para asegurar la aportación estatal del 50% del coste público, junto con deducciones del 40% para familias que sufraguen la atención profesional de dependientes. La inclusión explícita de la salud digital y la protección de los menores frente a las adicciones a las pantallas demuestran una sintonía directa con las nuevas vulnerabilidades sociales de la actualidad.
En materia de seguridad y justicia, mantienen un discurso firme contra el delito y un control riguroso de las fronteras. En su programa prometen la creación de un mando único para la política migratoria, el refuerzo de la frontera sur con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la identificación obligatoria de la entrada de irregulares en menos de 7 días, la prohibición por ley de las regularizaciones masivas y la expulsión automática de extranjeros multirreincidentes o condenados por delitos graves. Además, se reconocerá a la Policía Nacional y a la Guardia Civil como profesiones de riesgo, el endurecimiento de las penas frente a los disturbios violentos y multirreincidencia, ampliación de la prisión permanente revisable a depredadores sexuales y homicidas que oculten el cadáver, y elección directa de los vocales judiciales del CGPJ por los propios jueces. Este es uno de los bloques con mayor carga punitiva y de control del programa, se apuesta por la disuasión estricta de la delincuencia callejera y la recuperación de la autoridad.

Sobre las infraestructuras y tecnología, buscan la vertebración territorial y un saldo digital. Se lanzará el mayor plan de infraestructuras en décadas, movilizando más de 300.000 millones de euros en colaboración público-privada para autovías, red ferroviaria (alta velocidad y cercanías) y un Pacto Nacional de Agua dotado con 40.000 millones de euros hasta 2030. Además, se crearán cheques de formación en inteligencia artificial para trabajadores, un establecimiento de zonas de innovación estratégica con trato fiscal preferente para sectores punteros y la agilización de trámites de conexión eléctrica.
En políticas exteriores y defensa, se defenderá la soberanía nacional y la firmeza geopolítica, reorientando la diplomacia hacia una política de Estado previsible, la defensa de la integridad territorial, la revisión del acuerdo con Gibraltar y un posicionamiento democrático estricto en Iberoamérica. También se aprobará una ley de programación y financiación de la defensa para cumplir los compromisos de la OTAN, impulsar la industria militar nacional y mejorar las condiciones de la carrera militar. Se asume un fuerte compromiso atlantista y un alineamiento claro con los socios internacionales.
Por último, en materia de políticas medioambientales, se presenta un giro respecto a la política energética de los últimos años al rescatar la energía nuclear y la supresión inmediata del impuesto del 7% a la producción eléctrica para abaratar el recibo, y la creación de una Tarifa Social Única.
Los próximos años no están escritos y queda mucho por reconstruir; este programa plantea un desafío de recuperar una forma de hacer política basada en los acuerdos esenciales, no mirar a otro lado en los momentos difíciles y cambiar el rumbo de nuestro país y demostrar que España puede aspirar a mucho más de lo que estamos acostumbrados a aceptar.



