La Fiscalía Europea abre una segunda investigación sobre la alta velocidad española

Sección 05 de OpenActuality
Escrito por Blanca Menéndez
Dos accidentes ferroviarios, 115 víctimas mortales y dos investigaciones de la Fiscalía
Europea sobre una misma línea de alta velocidad. El 6 de noviembre, la institución anunció nuevas diligencias por posibles irregularidades en fondos comunitarios destinados a los sistemas de seguridad del corredor Madrid-Sevilla. La investigación se suma a otra iniciada meses antes, tras el accidente de Adamuz, y amplía la dimensión de una crisis ferroviaria que también ha provocado la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.
Dos tragedias en menos de un año

El 18 de enero, un tren Iryo que cubría el trayecto Málaga-Madrid descarriló a su paso por Adamuz (Córdoba). Los últimos vagones invadieron la vía contigua, por la que circulaba un Alvia de Renfe, provocando una colisión que dejó 46 fallecidos.
Nueve meses después, el 28 de octubre, un A VE de Renfe colisionó con un tren Iryo detenido cerca de Urda (Toledo), causando 69 fallecidos y numerosos heridos. Las primeras investigaciones han identificado un fallo en el sistema de seguridad LZB y tratan de esclarecer por qué se autorizó al AVE a continuar la marcha cuando el otro tren permanecía detenido.
Ambos accidentes ocurrieron en distintos puntos de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992 y actualmente inmersa en un proceso de modernización. Las causas definitivas de los siniestros continúan bajo investigación.
El destino de los fondos europeos, bajo investigación
La primera investigación de la Fiscalía Europea se conoció en marzo, cuando el organismo confirmó que examinaba un posible fraude relacionado con fondos comunitarios destinados al mantenimiento de un tramo ferroviario en las inmediaciones de Adamuz.
El 6 de noviembre se anunció una segunda investigación, esta vez centrada en posibles irregularidades en la financiación europea destinada a renovar y mejorar los sistemas de seguridad, señalización y comunicaciones de la línea Madrid-Sevilla.
Esta segunda investigación, iniciada de oficio, cuenta con el apoyo de la Unidad Central
Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Como parte de las diligencias, se han llevado a cabo actuaciones en Adif, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y el Tribunal de Cuentas para recabar información.

Según informó El País, las investigaciones examinan el destino de una subvención de aproximadamente 136,4 millones de euros, concedida por Bruselas en junio de 2024 para renovar la línea Madrid-Sevilla. La financiación, procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), contemplaba actuaciones como la sustitución de raíles y traviesas. No obstante, la Fiscalía Europea no ha comunicado qué cantidades podrían estar afectadas por posibles irregularidades.
Por su parte, el Ministerio de Transportes defendió en marzo que la justificación de los fondos europeos concedidos a las obras se estaba realizando con normalidad.
Pero ¿por qué interviene una institución europea en una infraestructura española?
La Fiscalía Europea es un organismo independiente encargado de investigar y perseguir delitos que perjudican los intereses financieros de la Unión Europea, incluidos posibles fraudes y malversaciones relacionados con fondos comunitarios. En este caso, busca determinar si los recursos destinados al mantenimiento y modernización ferroviaria se utilizaron conforme a los fines para los que fueron concedidos.
Es importante distinguir estas pesquisas de las investigaciones sobre los propios accidentes.
Mientras que la Fiscalía Europea examina posibles irregularidades financieras, las autoridades judiciales y técnicas españolas tratan de esclarecer las causas de los siniestros y las eventuales responsabilidades penales.
Por el momento, no se ha demostrado que exista fraude ni que una eventual utilización irregular de fondos europeos haya contribuido a provocar los accidentes.
Dimisión y respuesta institucional

Las consecuencias de ambas tragedias también han llegado al Gobierno. El 3 de noviembre, Óscar Puente anunció su dimisión como ministro de Transportes durante una comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Aunque defendió las inversiones realizadas durante su mandato, justificó su salida por la gravedad de los accidentes. Su dimisión no implica responsabilidad jurídica, pero sí hay cierta responsabilidad política implícita en el hecho de que un ministro dimita.
Ese mismo día, el Ejecutivo anunció un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria, que incluye mejoras tecnológicas en los centros de control, nuevos protocolos de circulación y una revisión de los sistemas de seguridad. Además, de un plan en ayudas directas y anticipos de indemnizaciones para las víctimas de Urda y sus familiares.
Aunque las autoridades españolas continúan investigando las causas de ambas tragedias, las pesquisas de la Fiscalía Europea deberán esclarecer si los fondos destinados al mantenimiento y modernización de la línea se gestionaron correctamente. Se trata de procedimientos distintos que, por el momento, mantienen abiertas cuestiones fundamentales sobre la seguridad ferroviaria y el control de las inversiones públicas.
El desafío de recuperar la confianza en la alta velocidad
Los accidentes de Adamuz y Urda no solo han dejado 115 víctimas mortales, sino también familias destrozadas y una profunda incertidumbre entre quienes utilizan el tren cada día.
Durante décadas, la alta velocidad española ha sido un símbolo de modernidad, progreso y seguridad.
Sin embargo, estas tragedias han puesto en duda una confianza que lleva años erosionando en silencio; pequeños retrasos, averías, mal funcionamiento. Hasta que un día ocurre algo grave. Recuperar la confianza en la alta velocidad será uno de los desafíos del Gobierno y no dependerá únicamente de nuevas inversiones o protocolos. Dependerá también de esclarecer lo ocurrido, asumir las responsabilidades que correspondan y garantizar que se tomen las medidas necesarias para evitar que vuelva a suceder.



